LA REGULACIÓN DE LAS DROGAS A DEBATE

Uno de los temas más controvertidos en el aspecto social es el de la legalización de las drogas, y en relación a este asunto me topé en el suplemento de fin de semana de Libertad Digital con este interesante artículo en el que se pretende abordar el tema, especialmente en sus últimos párrafos, desde una comparación con lo sucedido en Estados Unidos en los años 20 con la ley seca. Dice así: “El ejemplo de la famosa Ley Seca norteamericana debería servir de lección para enseñarnos todo lo que no se debe hacer.” Quizá la afirmación y el posicionamiento del periódico frente al problema de las drogas pueda parecer contradictorio a quienes consideran erróneamente a Libertad Digital como un medio “muy de derechas” pero, al margen de falsos tópicos, lo cierto es que varios economistas liberales de prestigio dudan de la eficacia de considerar a las drogas ilegales. Entre quienes defienden estas posturas se encuentra, entre otros, el laureado Milton Friedman (Escuela de Chicago), uno de los referentes de las doctrinas económicas liberales.

En primer lugar les hago saber que me opongo frontalmente al consumo de drogas y que ni tan siquiera tengo una postura claramente definida acerca de la conveniencia de legalizar o de ilegalizar estas sustancias, pero ello no impide que pueda manifestar algunos de los argumentos que han sido planteados por liberales de reconocido prestigio.

El primer punto que abordaré, claro está, es el económico y en referencia al mismo se podría decir que la ilegalización actúa involuntariamente a modo de cártel, algo que beneficia indudablemente a las grandes mafias que se aprovechan de las ventajas que los mercados oligopolistas ofrecen a los productores. El hecho de que el “cultivo, elaboración o tráfico” de drogas sea punible hace que el pequeño empresario no se introduzca en el mercado ante la incapacidad de librarse de la presencia policial dada su escasez de medios técnicos para ello, lo cual reduce la oferta y aumenta el precio. Esta circunstancia es especialmente beneficiosa para las grandes mafias que sí disponen de los medios necesarios para evitar la detección policial (lanchas, aviones etc) y que obtienen grandes cantidades de dinero ante la ya citada situación oligopolista que se les presenta.

También habría que destacar que su prohibión genera delincuencia indirecta. Como ya se ha dicho, la escasez de oferentes hace inevitablemente que los precios suban si la curva de demanda no se desplaza en el mismo sentido, y estos precios elevados son inalcanzables para unos consumidores que generalmente disponen de escasos recursos económicos y cuya adicción les lleva a robar para conseguirla. Por si ustedes lo dudaban, tampoco me iba a olvidar hoy de los politicuchos, y es que otra de las consecuencias negativas que supone la ilegalización es la corrupción que genera. Asimismo, en el plano policial los policías que se dedican al control de estas sustancias bien se podrían dedicar a combatir la incipiente inseguridad ciudadana, y en el aspecto judicial se agilizaría el sistema y las cárceles probablemente se encontrarían mucho menos saturadas.

Pero al fin y al cabo estos son argumentos relativos salvo el económico, que es irrefutable, y en ese sentido se podría justificar su ilegalización desde aspectos sanitarios, sociales y éticos. Desde el punto de vista sanitario, uno de los argumentos sin duda más sólidos es el de la defensa de la salud de los fetos, los cuales se ven perjudicados cuando su madre consume droga ya que se ha demostrado que este consumo repercute negativamente en su peso y en su capacidad mental. Al respecto, los liberales afirman que es imposible investigar tratamientos eficaces y aplicarlos porque las madres temen ser acusadas de consumir dichas sustancias; y en el caso de ser legalizadas muchas mujeres que consumen drogas serían más propensas a someterse a tratamientos que beneficien la salud de sus hijos. Igualmente, si su venta y distribución estuviese permitida, regulada, y sometida a controles de sanidad, se reducirían las muertes por consumir sustancias adulteradas, como se demostró cuando se derogó la ley seca.

Por último también se suele plantear el tema, como comentaba anteriormente, desde un punto de vista ético y de consumo. En lo que respecta al consumo lo que se teme principalmente es que la legalización incremente el número de oferentes lo cual supondrían un descenso en el precio, incentivando esto el consumo. El argumento es válido en teoría, pero al ser las drogas una sustancia adictiva su curva de demanda suele ser rígida o poco sensible a los cambios de precio, de modo que quienes la consumen no lo harán en mucha mayor proporción, y quienes no la consumen no lo harán por el mero hecho de que se liberalice el mercado. Desde el punto de vista ético se argumenta que el derecho penal tiene como objetivo proteger los bienes jurídicos, y como la salud humana presumiblemente lo es, en ese caso las drogas deben estar ilegalizadas. Pero, ¿se han preguntado cuántas muertes al año causa el tabaco por cáncer de pulmón? ¿Y qué me dicen de la gente como yo, que no fumo y tengo que aguantar la peste del tabaco en cualquier bar?

Por lo tanto, y por concluir ya, pues no es mi intención aburrirles, el debate consiste en dar prioridad a las cuestiones morales o a los argumentos que recomiendan su legalización. Sí, el consumo de drogas es completamente desaconsejable y los drogadictos son gente a menudo peligrosa que debería estar controlada. Pero también los alcohólicos y muchos otros. Y los policías dedicados a perseguir a las mafias y a los drogadictos peligrosos sólo tendrían que preocuparse ahora de la segunda de estas tareas. Lo que algunos liberales aconsejan es su legalización con una regulación semejante a la del tabaco y las bebidas alcohólicas, esto es, que estuviese restringida a los menores y sometida a controles de calidad. Pero, ¿se aprovecharían las mafias de las sustancias que no pasasen los controles? Sin duda el asunto es muy complejo y hay posturas para todos los gustos, pero los argumentos arriba mencionados deben cuanto menos ser tenidos en cuenta, aunque luego sean rechazados por diferentes motivos éticos y morales de peso.